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Ley Fintech en México: Regulación, impacto y desafíos

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En marzo de 2018 se aprobó la Ley fintech en el país. Sin embargo, ¿de qué se trata? ¿Qué regula la Ley fintech en México? ¿Presenta algún desafío? En esta publicación te contamos más sobre ella.


¿Qué vas a encontrar en este texto?


¿Qué es la ley fintech?

Es la ley para regular instituciones de tecnología financiera. Su propósito es garantizar seguridad y transparencia en los servicios financieros digitales, promoviendo la innovación y la inclusión financiera. Además, define las responsabilidades de distintas autoridades, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México, para supervisar su aplicación y cumplimiento.

¿Cuáles son las responsabilidades de cada autoridad según la Ley fintech en México?

Según la Ley fintech en México, la supervisión y regulación de las instituciones de tecnología financiera está distribuida entre varias entidades:

  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y Banco de México: Se encargan de vigilar que las fintech cumplan con la normativa vigente dentro de sus respectivas competencias.
  • Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) y Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF): Tienen atribuciones dentro de su ámbito para supervisar aspectos específicos de las fintech.
  • Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): Tiene la facultad de interpretar la ley para efectos administrativos y asegurar su correcta aplicación.
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Impacto de la ley fintech en la banca digital

La Ley fintech en México ha generado un entorno más seguro para la banca digital al establecer normas que regulan el funcionamiento de las instituciones de tecnología financiera. Con su implementación, los usuarios pueden acceder a servicios como pagos electrónicos y financiamiento colectivo con mayor confianza, ya que se han reforzado medidas contra fraudes y lavado de dinero.

Impacto de la ley fintech en activos virtuales

Con relación a los activos virtuales, también llamados criptomonedas, la Ley fintech ha impactado al establecer un marco regulatorio que permite su operación dentro del sistema financiero de manera supervisada. Esto significa que solo pueden ser utilizados si cuentan con el reconocimiento del Banco de México, lo que ayuda a reducir riesgos asociados, como fraudes o lavado de dinero. Además, la normativa fomenta la innovación en un entorno controlado a través de los llamados Modelos Novedosos, permitiendo probar nuevas tecnologías financieras sin comprometer la estabilidad del sector.

Según la ley fintech, ¿este tipo de empresas debe tener autorización para operar?

Sí, siempre y cuando realicen actividades reguladas por la Ley fintech, como financiamiento colectivo o emisión de fondos de pago electrónico. Estas empresas deben obtener autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) antes de operar legalmente en México. Si ya estaban en funcionamiento antes de la entrada en vigor de la ley, podían continuar operando temporalmente, pero debían presentar su solicitud de autorización en el plazo establecido. De lo contrario, estarían en incumplimiento y podrían enfrentar sanciones administrativas o penales.

¿Cuáles son los retos que enfrenta la ley fintech mexicana?

La ley fintech en México fue la primera en su tipo en emitirse en Latinoamérica. Como tal, su establecimiento suscitó varios retos. Por ejemplo, uno de los principales es evitar que su regulación limite el crecimiento de las startups del sector, muchas de las cuales son dirigidas por jóvenes emprendedores. Para ello, es importante que las normas sean flexibles y permitan una adaptación progresiva en lugar de imponer restricciones estrictas desde el inicio.

Otro reto es que las empresas cumplan con los requisitos legales, especialmente en temas como seguridad de la información y manejo de datos, lo que implica un esfuerzo adicional para garantizar la protección de los usuarios.

Por último, es fundamental que la ley siga impulsando la inclusión financiera sin obstaculizar el acceso de pequeños negocios y personas no bancarizadas a estos servicios. La regulación debe equilibrar el control del sector con la promoción de un entorno favorable para su crecimiento.

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