Ley de Instituciones de Crédito en México ¡Lo que debes conocer!

¿Buscas el resumen ley de instituciones de crédito en México? Es probable que, de ser así, estés planeando a ofrecer crédito a tus clientes. Después de todo, deberás trabajar conforme a las regulaciones del país. De esa manera evitarás multas, sanciones, entre otras penalizaciones. En ese sentido ¿Qué es la ley de instituciones de crédito? En esta publicación abordamos los puntos clave de esta normativa. ¡Moonflow, el mejor software de cobranzas te orienta para que mejores tus procesos!

¿Qué vas a encontrar en este texto?

Resumen: ley de instituciones de crédito mexicana 

1. Sanciones que se pueden imponer a trabajadores las instituciones financieras

2. El derecho de los acreedores en caso de fusiones o escisiones 

3. Regulación de créditos y garantías

4. Sobre notificaciones a clientes

5. Lo que dice la ley acerca del intercambio de información de clientes

6. Normas técnicas y operativas para la calificación de la cartera de créditos

7. Ley impone obligaciones y sanciones estrictas a las instituciones de crédito

Resumen: ley de instituciones de crédito mexicana

La ley de instituciones de crédito en México, es una ley publicada en 1990 cuya última modificación vigente, según la CONDUSEF fue hecha el 24 de enero de 2024. Esta ley establece las reglas que deben seguir los bancos para funcionar en México. Para ello, en su primer apartado, aborda qué tipo de bancos pueden operar, cómo pueden recibir dinero del público y ofrecer préstamos, y cómo el gobierno supervisa su actividad para proteger a los usuarios.

Estos son otros puntos clave que resumen la ley de instituciones de crédito en México.

1. Sanciones que se pueden imponer a trabajadores las instituciones financieras

La ley establece un marco claro para las sanciones que pueden imponerse a los trabajadores de las instituciones financieras en caso de infracciones. Por ejemplo, la suspensión puede aplicarse cuando un empleado ha cometido una infracción menor, permitiéndole realizar otras funciones que no estén relacionadas con la falta cometida. La remoción se utiliza para separar al trabajador de su cargo si la infracción es grave, mientras que la inhabilitación prohíbe al infractor desempeñar cualquier rol en el sistema financiero mexicano durante un tiempo determinado, asegurando que no continúe influyendo en el sector financiero mientras se resuelven las consecuencias de su conducta.

2. El derecho de los acreedores en caso de fusiones o escisiones

La Ley de Instituciones de Crédito asegura la protección de los acreedores durante los procesos de fusión y escisión de instituciones financieras. En el caso de una fusión, los acreedores tienen el derecho de oponerse judicialmente en un plazo de 90 días desde la publicación de la fusión para reclamar el pago de sus créditos. Aunque esta oposición no detiene el proceso de fusión, asegura que sus derechos sean considerados.

De manera similar, durante una escisión, los acreedores de la institución escindente pueden presentar oposición judicial en los 90 días siguientes a la publicación de la escisión. Aunque la oposición no suspende la escisión, protege los derechos de los acreedores y asegura el cumplimiento de sus créditos.

3. Regulación de créditos y garantías

La Ley de Instituciones de Crédito también regula cómo las instituciones financieras deben manejar las operaciones de crédito. Los bancos deben presentar informes sobre los créditos que otorgan, incluyendo detalles sobre los programas de financiamiento y las garantías ofrecidas. Esto asegura que las instituciones operen de manera transparente y conforme a las regulaciones establecidas por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, las instituciones deben cumplir con las políticas que promueven el financiamiento a sectores específicos y garantizar la correcta utilización de los recursos.

4. Sobre notificaciones a clientes

La Ley de Instituciones de Crédito establece directrices claras para las notificaciones a los clientes por parte de las instituciones financieras. Según la normativa, estas entidades deben informar a los clientes sobre cualquier cambio significativo en sus contratos o servicios.

Esto incluye notificaciones relacionadas con modificaciones en los términos y condiciones, ajustes en las tasas de interés, o cambios en las políticas de servicios. La ley exige que estas notificaciones sean realizadas de manera oportuna y efectiva para asegurar que los clientes estén al tanto de cualquier aspecto que pueda impactar sus derechos o el manejo de sus cuentas. Además, las instituciones deben asegurarse de que la comunicación sea clara y accesible, facilitando a los clientes la comprensión de las implicaciones de las modificaciones notificadas.

5. Lo que dice la ley acerca del intercambio de información de clientes

Las instituciones de crédito están autorizadas a intercambiar información para prevenir y detectar posibles delitos que puedan afectar a sus clientes o a las propias entidades.

Este intercambio se realiza bajo estrictas regulaciones para asegurar que la privacidad de los datos de los clientes no se vea comprometida. Por ejemplo, si un banco detecta patrones sospechosos de fraude en una cuenta y necesita confirmar si otras instituciones han observado comportamientos similares, puede compartir información relevante con dichas instituciones. Este proceso permite una colaboración efectiva en la identificación y mitigación de actividades ilícitas, sin transgredir las normativas de privacidad establecidas.

6. Normas técnicas y operativas para la calificación de la cartera de créditos

La ley establece directrices que exigen que las instituciones recaben y mantengan documentación detallada y actualizada para el otorgamiento, renovación y gestión de créditos. Además, deben constituir reservas preventivas proporcionales al riesgo de los créditos, garantizando así una adecuada cobertura para posibles pérdidas. El objetivo principal de estas medidas es asegurar que las instituciones mantengan una sólida solvencia y fiabilidad en su información financiera, promoviendo la transparencia y la correcta gestión de los riesgos crediticios.

7. Ley impone obligaciones y sanciones estrictas a las instituciones de crédito

La ley establece que las instituciones de crédito deben implementar medidas rigurosas para conocer a sus clientes, garantizar la seguridad de la información y mantener la documentación durante al menos diez años. También deben proporcionar capacitación interna y utilizar sistemas automatizados para cumplir con estas obligaciones. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público supervisa el cumplimiento, puede exigir información adicional y sanciona a las instituciones que no sigan las normativas.

El incumplimiento de estas regulaciones puede resultar en multas que van del 10% al 100% del monto de las operaciones irregulares, dependiendo de la gravedad. Las sanciones también se aplican por no reportar operaciones inusuales y por violaciones relacionadas con la lista de personas bloqueadas. Además, los delitos asociados a estas infracciones tienen un período de prescripción de tres a cinco años, y los funcionarios de las instituciones de crédito pueden ser considerados responsables tanto administrativa como penalmente.